¿En qué momento perdimos la Soberanía Económica Nacional?
Esther
Alexandra Garwer y
Rolando
Zelaya y Ferrera
Las políticas de ajuste
estructural emergen de las condiciones que dos de las instituciones Bretton
Woods, el FMI y el
BM, habían estado adjuntando a sus préstamos desde principios de los años 1950.
Al principio estas condicionalidades se enfocaron principalmente en la política
macro económica de los países. En nuestro país, Gálvez fomentó la modernización
del Estado y la economía del país con medidas que incluyeron, entre otras la
creación del Banco Central de Honduras, Banco
Nacional de Fomento hoy renombrado como BANADESA, la oficialización del
uso del Lempira como moneda nacional y el impuesto sobre la renta. La emisión
de la Ley del impuesto sobre la Renta creó un instrumento de recaudación que
posibilitó una mejor estructura del presupuesto y la inversión pública, que fue
lo que le recomendó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Gálvez, con
la creación del impuesto sobre la renta, y un banco encargado de financiar el
desarrollo agrícola e industrial. La misma contempló un impuesto sobre ventas
como forma permanente de recaudación por volumen mientras el ISR sería una vez
al año.
El 15 de Octubre de 1949 en el
Mensaje dirigido al Congreso Nacional durante su sesión inaugural, Gálvez
afirmaba “…Ley que se hace necesario para liberar al pueblo…de la imposición
indirecta que han venido pagando desde hace tiempo…pues el impuesto…es y ha
sido siempre considerado como la imposición más justa y equitativa para el
sostenimiento de las cargas, cada vez más crecidas que tiene que sufragar el
Estado para sus necesidades. Con él, los individuos o corporaciones de negocios
de hondureños o extranjeros radicados en el país, contribuirán con el producto
de sus utilidades….”
En
los años subsiguientes, los programas de ajuste estructural (PAE) como son
conocidos hoy en día, se originaron debido a una serie de desastres económicos
globales a finales de la década de 1970: la crisis de petróleo, la crisis de la
deuda, múltiples depresiones económicas y ala estanflación. Estos desastres
fiscales llevaron a algunos políticos a decidir que era necesaria una
intervención más profunda para mejorar el bienestar de un país en su conjunto. Es
así como el electorado hondureño al favorecer al Dr. Roberto Suazo
Córdova, candidato del Partido Liberal, para que asumiera la
Presidencia el 27 de enero de 1982, sin imaginar que el apoyo que también le
brindara los Estados Unidos de Norteamérica,
obligaría a dicha administración, a tomar decisiones ante la difícil
situación económica que ocurre al producirse un déficit en la balanza comercial
y un mayor endeudamiento del Estado; propondrían para contrarrestar estos
aspectos, el aumento de impuestos, la reducción del gasto público, la
privatización de instituciones estatales, semiautónomo y deficitaria. Pese a
que en su campaña electoral Suazo Córdova ofreció al pueblo, la promesa de llevar
a cabo un ambicioso programa de desarrollo
económico y social en Honduras con el fin de revertir los efectos de la
recesión por la cual atravesaba el país.
El
gobierno siguiente de José Simón Azcona, heredó una situación de claroscuros,
ya que si por una parte se registraba un crecimiento sustancial, basado en las
exportaciones bananeras y cafetaleras, y además no inflacionista, por otra
parte las actividades industriales y del sector de la construcción estaban en
franco declive a causa de la penuria de inversiones, los compromisos de la
deuda externa, que ascendía a 2.400 millones de dólares y cuyo servicio
comprometía una cuota creciente de los ingresos del Estado, y el paro, que
afectaba al 25% de la población activa. Y todo ello sobre un fondo de pobreza
y, en muchos puntos del país, de subdesarrollo endémicos. Además, la ayuda
económica de Estados Unidos, otorgada a modo de complemento de la ayuda militar
y rara vez considerada suficiente por las autoridades de Tegucigalpa, estaba
adquiriendo la traza de un subsidio que más bien reforzaba la dependencia
exterior de Honduras, en ausencia de verdaderas políticas de crecimiento y
desarrollo estructurales.
En el plano económico, Rafael Leonardo
Callejas afrontó las dificultades de otros gobiernos de la zona a la hora de aplicar medidas de estabilización
financiera y ajuste estructural siguiendo el precepto del FMI,
trascendental empresa que puso en marcha confiado en la popularidad de la que
gozaba como flamante mandatario. Objetivo prioritario de Callejas era retomar
el diálogo con los organismos multilaterales de crédito, cuando se cumplía un
año de la declaración por el Banco Mundial a Honduras como país inelegible
para el desembolso de nuevos préstamos. La Ley de Ordenamiento Económico,
traducida en sucesivas devaluaciones de la moneda nacional, el lempira -que
desde 1920 había mantenido un tipo de cambio fijo con el dólar-, los despidos
masivos en el sector público y la reducción del gasto social, castigó
inevitablemente a extensas capas de la población ya de por sí golpeadas por las
carencias propias de un país pobre y con un reparto de rentas muy
desequilibrado, y el reciente y agudo desabastecimiento de todo tipo de
productos de primera necesidad, provocando, ya en los primeros meses de la
administración de Callejas, una fuerte contestación social que se expresó en
agitaciones callejeras y huelgas sectoriales convocadas por unas organizaciones
sindicales muy batalladoras. Por de pronto, el presidente, al menos, pudo
presentar como un logro la reanudación de la asistencia financiera
internacional, lo cual, unido a las excelentes relaciones con la potencia
norteamericana, facilitó la condonación por Washington en septiembre de 1991 de
430 millones de dólares de deuda bilateral. Al final de su mandato, la política
neoliberal de Callejas se saldaba con un balance bastante discreto en la
macroeconomía, con un crecimiento anual medio de sólo el 1,5% del PIB y una
inflación errática que únicamente en el ejercicio de 1992 cayó por debajo del
10% anual, e indiscutiblemente desastroso en el terreno social.
En 2002, las políticas de ajuste
estructural experimentaron otra transición: la introducción de documentos de
estrategias para la reducción de la pobreza, como respuesta a la creencia de
que “los programas exitosos de economía política deben ser fundados en una
fuerte propiedad del país en cuestión”. Además, los programas de ajuste
estructural con su énfasis en la reducción de la pobreza habían intentado
alinearse a sí mismos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como
resultados de los documentos de Estrategias para la Reducción de la Pobreza, se
implementó en el FMI y en el Banco Mundial una aproximación más flexible y
creativa a la creación de políticas. Si bien el enfoque central de los
programas de ajuste estructural ha
seguido siendo el equilibrio de la Deuda externa y el déficit comercial, los
motivos de estas deudas han sido objeto de una transición. Hoy en día los
programas de ajuste estructural y sus instituciones prestamistas han
incrementado su esfera de influencia al proveer ayuda a países que experimentan
problemas económicos debido a desastres naturales o a una MALA ADMINISTRACIÓN
ECONÓMICA.
Existen múltiples críticas que se enfocan en
diferentes elementos del programa de ajuste estructural, entre éstos, los
críticos afirman que estos programas ponen en peligro la soberanía de las
economías nacionales, ya que una organización exterior dicta la política
económica nacional. Asimismo argumentan que, la creación de una buena política
es de propio interés de la nación soberana; por lo tanto, los programas de
ajuste estructural serían innecesarios, dado que el Estado estaría actuando en
su mejor interés. No obstante, en muchos países pobres, el Gobierno favorece
las ganancias políticas sobre los intereses económicos nacionales, de forma que
buscan rentas prácticas para consolidar su poder político, en lugar de abordar
los problemas económicos cruciales.
Si bien la deuda pública en países en desarrollo y
desarrollados es un hecho casi universal, los países de bajos ingresos se
enfrentan a una posición mucho más vulnerable para mantener una balanza de
pagos equilibrada, si se toma en cuenta que las 47 naciones más pobres del
mundo tenían una deuda de $488 mil millones de dólares en 2003. Por otra parte,
debido a la casi universalidad de la deuda, una crítica popular es que los
términos del ajuste estructural se han convertido en un modelo para la gestión
de gran parte de la humanidad. Por lo tanto, algunos argumentan que el proceso
político democrático de un sinnúmero de países se ha visto socavado por las
decisiones formuladas a kilómetros de distancia por burócratas económicos
occidentales y que la implementación de tales políticas solo ha beneficiado a
los más grandes donantes (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón). Por
ejemplo, la apertura de países a las inversiones extranjeras permite a las
empresas de Estados Unidos construir fábricas en zonas empobrecidas. Las
corporaciones son capaces de aprovechar el excedente de mano de obra barata y la
falta de reglamentaciones ambientales para crear bienes a un precio inferior.
Como resultado de ello, los beneficios corporativos aumentan y los flujos
comerciales se incrementan hacia ese país en particular. Si bien esto aumenta
el PIB, la mayoría de los ingresos en realidad beneficia a la corporación y al
país donde la empresa está basada. Por el contrario, muchos sostienen que las
personas empleadas por las corporaciones están desesperadamente necesitadas de
cualquier tipo de trabajo, pues las formas alternativas de empleo o estilos de
vida disponibles son mucho peores.
Finalmente una política común necesaria en el ajuste
estructural es la privatización de las industrias y los recursos de propiedad
estatal. Aparentemente, esta política tiene como objetivo aumentar la
eficiencia y la inversión, a la vez que disminuye el gasto público. Los
recursos de propiedad del Estado deben ser vendidos sea que generen beneficios
fiscales o no lo. No obstante, los críticos han condenado los requisitos de la
privatización. Cuando los recursos son transferidos a las empresas extranjeras
o a las élites nacionales, el objetivo de la prosperidad pública es reemplazado
por el objetivo de acumulación privada. Además, las empresas estatales pueden
tener pérdidas fiscales, ya que cumplen un rol social más amplio, como puede
ser el suministro de servicios públicos a bajo costo y puestos de trabajo.
La privatización convierte a las necesidades básicas,
tales como el agua y el sistema de salud, en una mercancía que no es accesible
para quienes no puedan pagar por ellas. Por ello, muchos académicos han
sostenido que los programas de ajuste estructural no responden al interés del
país prestatario, sino más bien a las élites del mundo en desarrollo y
desarrollado. Así, los PAE son extremadamente perjudiciales para los países
pobres que los implementan, ya que muchas personas no pueden permitirse el lujo
de pagar por un sistema de salud o por educación, lo que deja a la población
más enferma y menos educada. Las consecuencias negativas se encontrarían en que
personas enfermas no son productivas y no pueden trabajar para librarse de las
deudas; por tanto, la privatización de un servicio previamente social, como es
el caso de la salud, iría contra el supuesto propósito de los programas de
ajuste estructural.
Fuente:
1.
Argueta
Mario, Juan Manuel Gálvez: su trayectoria gubernativa, 1ª Edición, Tegucigalpa,
BCH, 2066, pp. 36; tomado a su vez del Boletín del Congreso Nacional
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pp.10-11.
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